La violencia policial contra la niñez mapuche goza de impunidad en Chile

La mañana de este jueves 22, Mijael Carbone Queipul, representante del pueblo Mapuche, de la comunidad Temucuicui, dio su testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las agresiones recibidas por las fuerzas de seguridad chilenas.

Junto a la Alianza Territorial Mapuche (ATM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación Apoyo a la Niñez y sus Derechos (ANIDE), presentó a los comisionados y a representantes de Chile pruebas visuales de hechos violentos contra niños, niñas y adolescentes mapuches, correspondientes a acciones policiales de los últimos años en el país.

El pueblo Mapuche se ha caracterizado por su organización, por la movilización social y la reivindicación de sus derechos ancestrales. Ante esto, la respuesta del Estado ha sido la criminalización de la acción colectiva y de sus líderes, y la actual militarización del territorio. En el marco de esta militarización, funcionarios de carabineros y policías de manera permanente han incursionado las comunidades haciendo un uso indebido y desproporcionado de la fuerza, que se deriva, de manera particular, en violaciones de derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.
“Vivimos en la comuna más pobre del país. El Estado no invierte dinero en nosotros pero cada vez mandan más operativos policiales, más tanquetas, más tecnología punta, para proteger la propiedad privada de las empresas”, expuso Mijael Carbone. “Nosotros estamos fortaleciendo a nuestros niños para que cambien la historia y sostengan nuestro pueblo. Que cambien esa historia de piedras contra balas, de la policía fuertemente armada contra la gente desprotegida”.
Por otra parte, Manuela Royo, abogada de ATM, denunció la impunidad con la que el Estado trata a los policías que cometen estos actos de violencia contra la niñez mapuche, pese a que las autoridades judiciales chilenas hayan declarado la ilegalidad de dichos actos.
“El responsable de carabineros de la zona fue propuesto para ser ascendido”, explicó Manuela. “No sólo no hay sanciones ni voluntad jurídica, sino que además se premia y se compensa políticamente a quien hace este tipo de acciones”.
Sólo entre el 2011 y el 2015, 73 niños han sido afectados por la violencia policial. El Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile le ha expresado su preocupación al Comité de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño, el cual ha pedido recientemente al Estado chileno que acabe con esta situación de violencia.
La Comisión Interamericana, tras recibir la información de los peticionarios, pidió al Estado durante la audiencia que presente información precisa sobre las investigaciones abiertas para sancionar a los funcionarios responsables de los hechos.
“Esperamos que Chile responda a la altura de sus responsabilidades internacionales y de un mensaje político claro de no tolerancia a este tipo de agresiones por parte de las fuerzas de seguridad a los niños, niñas y adolescentes mapuches, testigos y víctimas de esta injusticia que todavía se encuentra impune”, remarcó Juliana Bravo, abogada de CEJIL.
Fuente: http://www.cejil.org

Registro completo de la Sesión 156 del CIDH
El representante del Estado de Chile, defendió el accionar de las policías de Carabineros e Investigaciones en comunidades originarias, aludiendo que “ En Chile el uso de la fuerza, por parte de las instituciones de orden y seguridad, está basado en presupuestos de proporcionalidad, así como de racionalidad y se encuentra regulada legalmente, mediante sus leyes orgánicas , reglamentos y protocolos, que son de conocimiento público”. En su presentación también mencionó, que el gobierno ha manifestado su preocupación y tomado diversas medidas para evitar situaciones, en que los niños sean expuestos a hechos de violencia, al interior de sus comunidades.
Diversas son las denuncias que han presentado, organismos de derechos humanos en Chile, sobre el incumplimiento constante a los protocolos de proporcionalidad y racionalidad del uso de la fuerza de las policías, que son dependientes del Ministerio del Interior, el cual debiera monitorear y garantizar el cumplimiento de estas normas. A esto se agrega, la vergonzosa competencia de tribunales militares, quienes escrutan la participación de los uniformados, otorgando penas irrisorias en casos de violencia innecesaria o la muerte de un ciudadano.

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