4° Marcha Nacional por la Defensa y Recuperación de las Aguas y los Territorios


Durante años se viene iniciando un proceso revindicativo en los distintos territorios que se han visto amenazados por el sistema económico extractivista impulsado principalmente por el Código de Agua y los gobiernos posteriores a la dictadura-cívica de Pinochet que han ido profundizando a un mas las leyes y los actuares corruptos para destruir la vida en la Tierra. Esto quiere decir que no solo la destrucción a sido con el ecosistema si no también una amenaza a las comunidades de Pueblos originarios como otras comunidades dentro del territorio $hileno, rompiendo y aniquilando otras costumbres de vida, principalmente al pueblo Mapuche que fuertemente a sido opositor al Estado y sus Mega Proyectos por defender su Cosmovisión que entiende la vida mas allá de un recurso material inmediato a la diferencia como ve el mundo occidental la vida.

En este proceso que ya lleva muchos años se han ido incorporando cada ves mas participantes, mas luchas… hasta autonombrarse Movimiento por la Defensa y Recuperación de las Aguas y Territorios, que en sus inicios eran algunos lugares que iniciaban asambleas, luego asambleas nacionales por el agua hasta que se organizo la 1° Marcha y así en este abril 2016 se cumple el 4° año de marcha nacional donde se realizara este sábado 23 de abril del 2016 en la ciudad de Temuco, “Encuentro Plurinacional por la Defensa de las Aguas y los territorios”

Principales demandas y propuestas

Fin a la criminalización de la protesta social: Las comunidades y organizaciones que hemos evidenciado las consecuencias del extractivismo y nos movilizamos para frenar la crisis hídrica antes de que sea irrecuperable, nos hemos visto caricaturizadas mediáticamente, asediadas judicialmente, encarceladas sin cargos, en fin, criminalizadas de diversas formas para ocultar a los verdaderos culpables de la precariedad impresentable en la que vivimos. Estas prácticas, entre las que se incluyen los intentos parlamentarios de la ley Hinzpeter por blindar a las policías y privar de derechos a los ciudadanos que se expresan en la “agenda corta anti delincuencia”, impulsada por el Ministerio del Interior y por los senadores Felipe Harboe y Alberto Espina, o todas aquellas leyes encaminadas a estrechar los marcos de garantías y derechos jurídicos, la vigencia de la ley antiterrorista y la discrecionalidad con la que operan las autoridades a favor de las empresas, deben pararse ahora.

Fin al lucro: El agua es un bien común, y tal como Chile reconoció en Naciones Unidas, es un derecho humano básico, y debe ser consagrado como tal en nuestra Constitución, dejando de este modo de ser una mercancía regulada por el mercado.

Derogación de los instrumentos privatizadores: El agua y la tierra son indivisibles, tal como lo comprenden las cosmovisiones de los pueblos originarios que se aportan a la fuerza de este movimiento, por lo tanto, se deben derogar todos los instrumentos que fracturan este principio elemental, como el Código de Aguas y el Tratado Binacional Minero (Chile-Argentina), de modo que el agua deje de ser un derecho empresarial inalienable, contra la vida y la sustentabilidad de las comunidades y los ecosistemas.
Asamblea Constituyente: Vincular los espacios de debate y reflexión sobre un manejo participativo, integrado y sustentable de nuestras cuencas, al proceso social de construcción de una nueva Constitución, que hoy se expresa en la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Restructuración institucional: Es imprescindible que la institucionalidad, especialmente la Dirección General de Aguas, organismo del Ministerio de Obras Públicas, detenga sus conductas criminales, entregando más derechos de agua de lo que las cuencas pueden recargar, y resolviendo cuestiones técnicas en virtud de criterios político económicos. La institucionalidad que regule las aguas no puede ser una pantalla democrática del saqueo, debe desburocratizarse ahora, estar al servicio de las comunidades y tener facultades y competencias para garantizar el buen uso de las aguas.

Propiedad colectiva y gestión comunitaria: El agua es fundamental para la vida y para todos los seres que de ella dependen, por lo tanto, el rol del Estado no es asignarla en propiedad, sino que garantizar, bajo una lógica territorial, una gestión democrática, racional, equitativa y eficiente del agua. Para ello, es vital incorporar prioridades de uso, de manera que el uso asociado para bebida, servicios sanitarios, producción de alimentos y mantención de los ecosistemas, tenga preferencia por sobre otras actividades productivas. Del mismo modo, se debe recuperar el control público sobre el abastecimiento y saneamiento del agua de bebida para la población. Los pueblos tenemos el derecho a determinar los modos de vivir que deseamos. Decidir colectivamente los usos y cuidados que queremos darle a nuestras aguas es vital para viabilizar los proyectos locales y definir la cultura que debemos generar para que sean posibles. Por lo tanto, se hace urgente establecer una moratoria al centralista modelo de desarrollo minero, forestal, energético y agroalimentario que se ha impuesto en nuestros territorios, de modo de evaluar entre todos y todas, seria y rigurosamente los costos y beneficios que este ha traído a las regiones, al país y al planeta.

Leyes para la vida: Se requiere con urgencia una ley que efectivamente proteja los ambientes fragilizados, en especial los ecosistemas glaciares y periglaciares, para preservar las nacientes de nuestras cuencas y la continuidad y sustentabilidad de los flujos hídricos. Esta debe ser absolutamente distinta a la que se está tramitando en la actualidad, puesto que es preciso garantizar una verdadera protección para todos los glaciares, cuestión que en el actual proyecto de ley no se considera al permitir engañosamente su intervención. Por ello es que rechazamos la tramitación de la Ley de Protección y Preservación de Glaciares.


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