El femicidio de Juana Cortéz: las trabajadoras sexuales no cuentan para la ley

Fuente: Perspectiva visual       
En nuestro país no existe ninguna disposición legal que prohíba el trabajo sexual. Sin embargo existe una serie de reglamentos que regulan ciertos aspectos, como el sanitario cuyo objetivo es regular la propagación de enfermedades venéreas. Según el sistema de registro del carnet sanitario del Ministerio de Salud, en Chile hay más de 6 mil trabajadoras sexuales, de las cuales el 97% son mujeres.
Juana Rosa Cortéz Rubilar (69) era trabajadora sexual y fue asesinada por un cliente. Para las organizaciones que agrupan a las trabajadoras sexuales, esto no es un caso aislado. El Sindicato Amanda Jofré lleva precisamente el nombre de una trabajadora sexual asesinada por su cliente. “El nombre de nuestro sindicato, es el nombre de una de nuestras compañeras que murió víctima de un cliente. Amanda Jofré tenía 24 años de edad al momento de su fallecimiento. Para nosotros este caso es un asesinato de odio, por lo tanto, es un femicidio”, cuenta Krischna Sotelo, asesora técnica de la asociación.

En lo que va de 2016 observamos un aumento de la cantidad de femicidios concretados: 14 mujeres han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. El 2015, cuando Juana fue asesinada, las cifras oficiales del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) indicaron que el número de femicidios fue de 45, mientras que el registro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres indica que fueron 58. ¿Qué diferencia a estos registros? La concepción de la ley de femicidios es la que permite que Juana sea visibilizada como víctima en un recuento y permanezca ignorada en otro.
El 12 de abril del año pasado entre las 2:00 y las 4:00 am, a sus 69 años de edad, Juana ofrecía servicios sexuales en un sector del centro de Los Ángeles. Fue en ese contexto que conoció a Francisco Gallegos (21) quien la llevó engañada so pretexto del servicio sexual a un sitio deshabitado ubicado en la intersección de las Calles Almagro con Janequeo. Aquel lugar estaba destruido desde el terremoto y vecinos del sector dicen que se ha convertido en un foco de delincuencia, reclaman que después de tantos años, no se hecho un cierre como corresponde. El sitio se encuentra rodeado de locales de venta de repuestos de autos y camiones, las veredas están dañadas, se nota que no han sido arregladas en años y que el terremoto también tuvo efectos en ellas. En el terreno había escombros, con los que Francisco golpeó a Juana causándole un traumatismo craneoencefálico. Aun así, ella continuaba con vida pero sin capacidad de defenderse luego de los reiterados golpes en su cabeza. La evidencia recabada por las policías demuestra que, luego de la golpiza, Francisco acumuló sobre ella basura plástica que había en el lugar, prendiéndole fuego y así aumentar el dolor de Juana.
La Audiencia de Juicio oral del caso de Juana Cortéz está fijada para el 13 de abril, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles. La pena que se solicitó para Francisco es de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo. El joven de 21 años ya confesó haber golpeado y quemado a Juana. El proceso ahora se radica en la ley.

Femicidio y las mujeres que quedan fuera de la ley

Las organizaciones feministas como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres definen el femicidio como un asesinato de una mujer por ser mujer, con un patrón común: el intento de los agresores de dominar, poseer y controlar a la mujer. Esto marca una diferencia sustancial con la legislación vigente en Chile. El femicidio es regulado por la ley 20.480 y para que el delito lleve este nombre, la mujer debe ser o haber sido cónyuge o conviviente del victimario.
“Nuestra legislación tiene un mal concepto de femicidio, lo considera el asesinato de una mujer, cometido por su pareja. Este concepto es demasiado reducido, no da cuenta de la relación de poder, dominio, sometimiento y desprecio por la vida de una mujer que existe en el femicidio, además lo encapsula sólo en las relaciones de pareja, pero la dominación y desprecio por la vida de las mujeres, se da en otros ámbitos también”, explica Lorena Astudillo, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Por esta definición, el caso de Juana es considerado como un homicidio y esa será la formalización que recibirá Francisco. Esta diferencia es la que distancia el registro oficial que tiene el SERNAM del que lleva la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde el año 2010 hasta la fecha actual, la Red registra más de 330 femicidios, mientras que la cifra oficial es de 248.
Para Krischna del Sindicato Amanda Jofré, “la gran deuda que tiene la Nueva Mayoría con los movimientos de mujeres en Chile post dictadura es los temas de derecho. Cuando se hace la ley de violencia intrafamiliar es una concesión para ocultar la violencia que se ejerce hacia las mujeres, porque son dos cosas distintas, la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres y esa es una gran deuda. Dentro de su ignorancia y acuerdos políticos, para dejar contentos a la iglesia y a sus amigos, tienden a hacer estas leyes malas”, enfatiza.

Los medios de comunicación, ¿cómplices del machismo?

El caso de Juana Cortéz fue tratado en la prensa como brutal homicidio, ocupando algunos titulares como “homicidio a trabajadora sexual”. Incluía detalles escabrosos de su agonía y muerte, ligados a la crónica policial, pero obviaba las condiciones de las  trabajadoras sexuales y el contexto general de violencia hacia las mujeres en nuestro país. “Los medios de comunicación reproducen estereotipos culturales discriminatorios contra las mujeres que terminan justificando, una vez más, diversas manifestaciones de violencia en el espacio público y privado. Los medios son actores políticos, cuyos contenidos impactan en la sociedad y no pueden mantenerse neutrales hacia la discriminación y la violencia contra las mujeres. Deben denunciar los hechos de violencia y las prácticas discriminatorias como lo que son: una vulneración de derechos”, enfatiza Mónica Maureira, periodista y activista feminista.
Esto se puede ver en la pauta noticiosa: la delincuencia ha liderado la cobertura de prensa. Sin embargo los once femicidios perpetrados hasta la fecha parecieran no tener cabida. “Son ‘objetivos’ para informar de un portonazo como un delito, una práctica antisocial, pero renuncian a esa objetividad y rigurosidad cuando informan de los delitos que se comenten contra mujeres y niñas. En la mayoría de las informaciones que se producen en los medios sobre femicidio, los contenidos y discursos terminan con un glosario de adjetivos que, en alguna parte o forma, justifican los asesinatos de mujeres o terminan victimizando al delincuente”, finaliza Mónica.
Mientras tanto, entre la cobertura cómplice de la violencia machista y la insuficiente ley chilena, los nombres de mujeres como Juana Rosa Cortéz Rubilar siguen esperando cabida en algún registro oficial. Según la directora del SERNAM del Bio Bio, Valentina Medel, en el organismo estatal saben que es necesario cambiar la ley. Mientras tanto, se han comprometido a incluir “simbólicamente” a Juana en el registro de femicidios de la región. “Si bien este caso no fue un femicidio íntimo, igual nosotros consideramos que tenemos que empezar a preparar la institución para poder discutir esta ley, preparar también a los equipos en el territorio, para poder definitivamente hacernos cargo de que  la violencia contra las mujeres no ocurre solamente en las cuatro paredes de la casa sino que en todos los espacios en donde desarrollamos la vida las mujeres en la sociedad”, reflexiona.
Desde las organizaciones feministas coinciden que hay más componentes aparte de los legales que influyen en la violencia que viven a diario las mujeres; “los principales factores son culturales, nuestra sociedad está construida sobre principios de jerarquía y poder, en los cuales, los llamados a poseer y ejercer dicho poder son los hombres, por esto mismo lo principal es cambiar esa base cultural y acabar con las relaciones de poder. Pero además para que ello suceda, es necesario al mismo tiempo, ir cuestionado y denunciando a los principales actores reproductores de la cultura machista y que son quienes promueven el uso del poder y la jerarquía, por parte de los hombres. Los principales reproductores son las iglesias, las instituciones educacionales, que es donde pasamos gran parte de nuestra vida y la educación es sexista, los medios de comunicación y la publicidad que al igual que las escuelas replica estereotipos basados en el sexismo, la familia tradicional, que muchas veces, basada en el modelo católico de lo que significa una familia, pretende imponer lo que supuestamente es bueno para ellos a la sociedad completa” agrega Lorena Astudillo.
Victoria Parra – Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres


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