Breve reseña histórica sobre la prisión política durante los 90 + Audio de denuncia por acoso y maltrato a hijas/os de presos en la CAS

La sistemática violencia a la que son sometidos los presos, comunes o políticos, dentro de los centros de reclusión y exterminio, desafortunadamente se extiende a su circulo más cercano de familiares y amigos. Involucrando directamente a sus hijas e hijos quienes, al igual que sus padres, son blanco de la persecuciones, la tortura y la vulneración total de sus derechos por parte de gendarmería, institución que obra y actúa bajo pleno resguardo estatal.

La prisión politica en chile nació el mismo día en que se proclamó la independencia de la corona española, de ahí en más cientos de miles de hombres y mujeres han conocido desde dentro el encierro y aislamiento que se vive por el hecho de transgredir la propiedad o de reivindicar acciones que desafíen el actual orden de cosas. Hasta la fecha, la prisión política sigue siendo territorio de resistenca y opresión.

A partir de 1990, la administración del demócrata golpista Patricio Aylwin se vio obligado a buscar una solución al problema de la prisión politica por el hecho de estár incluida en su programa de campaña.  El gobierno de aquella época negoció especialmente con Renovación Nacional una serie de reformas más conocidas como Leyes Cumplido, la cuales fueron encabezadas por el ministro de justicia de la transición, Francisco Cumplido, y que terminaron concediéndole la libertad provisional a aquellos procesados por ley antiterrorista a través de indultos generales y amnistías.

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Estas modificaciones permitieron que en el curso de 1990 fueran cerrados los procesos y otorgada la libertad por indulto presidencial a 47 presos políticos, 13 de los cuales se encontraban en libertad provisional. Sin embargo, el gobierno, presionado por la derecha, no se atrevió a extender el beneficio a la totalidad de los presos, lo que motivó diversas movilizaciones y huelgas de hambre.

Si bien las “leyes cumplido” otorgaron la libertad de la mayoría de los presos políticos de la dictadura, la negociación con la derecha implicó que a partir  del 11 de marzo de 1990, fecha en que formalmente se inicia la “transición a la democracia”, se cerraba toda posibilidad de indultar a los presos encarcelados por motivaciones políticas con posterioridad a esa fecha

Los presos politicos de la democracia fueron detenidos en el marco de enfrentamiento en sus domicilios o en la calle como resultado de labores de inteligencia de la oficina (aparato de inteligencia de la época) que operaba gracias a la participación de delatores infiltrados. De aquí en más la incomunicación, el asilamiento o el sometimiento a un régimen carcelario especial anuló cualquier tipo de derecho carcelario propio de los detenidos los cuales quedaron totalmente suprimidos. Bajo este contexto el gobierno de Aylwin ofreció a los presos politicos acogerse a la Ley Nº 19.172 de arrepentimiento eficaz o delación compensada, que permitía rebaja de penas y libertad a cambio de delatar a sus compañeros y organizaciones. Esta ley, éticamente reprobable, fue aprobada a fines de 1992. Todos se negaron a aceptar la oferta.

A fines de 1990 nace la Organización de presos políticos (OPP) que se coordina con los presos políticos del período anterior a junio de 1991. En mayo de 1992, se crea la Coordinadora de Combatientes Encarcelados del Mapu Lautaro, que en los primeros años constituye el grupo mayoritario de los nuevos presos políticos. Ambas organizaciones actúan conjuntamente.

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Paralelamente, el parlamento aprueba en noviembre de 1991 la construcción de la cárcel de alta seguridad, asignando para ello un presupuesto especial de tres mil millones de pesos y pidiendo asesoría a especialistas de la policía española y del servicio secreto italiano. Al mismo tiempo, crea al interior de Gendarmería el GEAM (Grupo Especial Antimotines), destinado a reprimir toda protesta de los presos políticos.

Durante los primeros años, los nuevos presos políticos fueron recluidos en la ex-Penitenciaría, hoy Centro de Detención Preventiva (CDP), situado en Santiago Sur; luego fueron trasladados a la Cárcel de San Miguel y, en 1994, a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).

El 20 de febrero de 1994 Gendarmería traslada a la CAS 45  presos políticos, en medio de un violento operativo denominado “Operación Canario” en que hubo heridos a bala y contusos graves. Los presos políticos organizan de inmediato una mesa política para elaborar una plataforma de lucha cuyos puntos principales fueron: Rechazo al locutorio, Derecho a visita familiar, conyugal y de amigos en forma directa, rechazo del régimen interno que impone la segregación entre los Presos Políticos y recuperación de los derechos conquistados en los penales de origen, como el derecho al trabajo, al estudio, al deporte, etc.

El 26 de febrero se inicia la PRIMERA HUELGA DE HAMBRE DE LA CAS, que se extenderá por 46 días.

El 22 de octubre de 1994 se realiza el segundo traslado de presos políticos a la CAS y a partir de ese día se suspenden las visitas de manera indefinida. En diciembre y enero la CAS es copada por el GEAM, que procede a realizar un operativo de redistribución y allanamiento el cual se efectuó con gran violencia. Los Presos políticos descubren, desmantelan y denuncian a la prensa la existencia de micrófonos en diversas dependencias del penal y presentan una querella criminal ante la justicia. El 27 de marzo los Presos Políticos del Mapu Lautaro inician una Huelga de Hambre indefinida en la CAS que, a partir del 3 de abril, asume las características de una Huelga seca y masiva, sumándose todos los Presos Políticos de la CAS y las presas políticas. Los familiares realizan un ayuno en la Comisión Chilena de Derechos Humanos. La Huelga de Hambre concluyó el 7 de abril con un principio de acuerdo que contempla dos visitas conyugales interpenales.

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La experiencia de la prisión política continuo su desarrollándose recibiendo un espectacular revés el 30 de diciembre del 96 gracias al conocido VUELO DE JUSTICIA, en donde 4 militantes del Frente son rescatados a través de un helicoptero que los recogió desde uno de los patios interiores de la CAS. De ahí en adelante la situación se torno cada vez más adversa para los que cumplían pena al interior de este recinto

Actualmente, la prisión política continua siendo una tortura organizada sobre hombres y mujeres que se encuentran en la más absoluta indefensión, con procesos que se abren uno tras otro y que no se cierran durante años, como sucede con las/os comuneras/os mapuches en el sur, o el castigo que cae sobre activistas con antedentes quienes reciben condenas desproporcionadas sin derecho a un proceso regular.

Lo más preocupante de esta situación es que en la actualidad las/os hijas/os de Alejandro Atorga, Hans Niemeyer, Jorge Mateluna Alfredo Canales, Juan Aliste, Fredy Fuentevilla y Marcelo Villaroel, la mayoría de ellos con años de prisión politica en su cuerpo durante los 90, están siendo sometidos a un registro inhumano bajo el argumento de que han ingresado elementos y sustancias ilegales a la unidad penal. Acusación sobre la cual no existen evidencias ni antecedentes fundados.

 La lucha por la libertad de los presos políticos resulta ser una tarea urgente para quienes trabajan en el ámbito de los derechos humanos y para todas las personas comprometidas con su defensa; libertad que no se puede lograr sin la derogación de la ley antiterrorista, el fin de la justicia militar y el cierre definitivo de la cárcel de alta seguridad.

Cuña radial: comunicado de presos políticos por las vejaciones a sus hijxs:

TODOS LOS PRESOS SON PRESOS POLÍTICOS, ABAJO LAS CÁRCELES

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